> Laburrak: Borroka > CONCLUSIONES DE LAS II JORNADAS DE LA COFLHEE

• Conclusiones de las Jornadas de debate "gay" en Madrid
• El País, 1981-03-24

La Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE) ha desarrollado las II Jornadas de Debate Gay, durante los pasados días 20, 21 y 22, organizadas por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC), que han tenido lugar en Madrid. La COFLHEE tomó los siguientes acuerdos: manifestar su más enérgica repulsa por el intento de golpe de Estado del pasado día 23 de febrero contra la actual legalidad civil; valorar positivamente las acciones solidarias llevadas a cabo contra la represión de homosexuales en Grecia y Canadá y solidarizarse con la marcha nacional sobre París, el próximo día 4 de abril, organizada por los grupos gays franceses contra la reciente legislación discriminatoria promulgada por ese país; denunciar la política intimidatoria del Ministerio del Interior, consistente en ocasionales redadas policiales en bares y discotecas, detenciones en zonas abiertas de ambiente gay y en la no legalización del movimiento homosexual vasco EHGAM. También manifiesta su preocupación ante la próxima visita del Papa al Estado español, «por sus manifestaciones contra la liberación de la mujer, los homosexuales y contra la libertad sexual en general durante sus viajes a otros países».

El proyecto de UCD sobre un nuevo Código Penal será uno de los temas de debate en la celebración del «Orgullo Gay», el día 28 de junio próximo.

> Erreportajea: Borroka > EHGAM: "SE NOS CONDENA A LA MARGINACION SOCIAL"

• Reportaje: País Vasco
• "Se nos condena a la marginación social"
• El País, 1979-02-11 # Javier Angulo, Bilbao

Ante la negativa del Ministerio del Interior a legalizar al FAGC, EHGAM (Movimiento de Liberación Gay del País Vasco), integrado hoy por más de cuatrocientas personas de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, no presentará solicitud de inscripción como asociación, por considerarlo inútil. «La ilegalidad de FAGC es la nuestra.» Uno de los portavoces de EHGAM ha declarado a EL PAIS: «La negativa de legalizar a FAGC es una maniobra electoralista más de UCD. Es una medida incoherente con los principios básicos de la Constitución, en lo que se refiere a las libertades de asociación y al derecho de las personas a no ser discriminadas por su condición social. La homosexualidad es una práctica social. Debería, pues, tener los mismos límites marcados por la Constitución a la sexualidad. La postura del Gobierno es anticonstitucional y choca con la práctica de los países democráticos y liberales, en los que la práctica del homosexualismo está legalizada.»

EHGAM (Movimiento de Liberación Gay del País Vasco), creado hace ya dos años, está en la actualidad integrado por más de cuatrocientas personas de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. En su seno conviven, aunque con formas autónomas, grupos de mujeres. Los homosexuales organizados vascos han recibido con desagrado la noticia de la negativa del Ministerio del Interior a legalizar el FAGC.

Considera EHGAM que la reforma de la ley de Peligrosidad del 11 de enero de 1978, aparecida en el BOE, no ha cambiado su situación de marginación en la sociedad. «Los actos de homosexualidad han sido derogados, pero el Gobierno ha hecho hincapié en que salen fuera de la ley, porque se contemplan, aunque de una forma velada, en el Código Penal. En éste no aparece de forma explícita la palabra homosexualidad, pero los jueces siguen condenándola, al aplicar los artículos 431 y 432 del Código Penal -que hacen referencia al escándalo público-, o bien el 453 bis, que culpa la corrupción de menores hasta los veintitrés años. Se trata de un artículo que se inserta dentro del capítulo de lo que se considera prostitución y es comúnmente aplicado para actos de homosexualismo.»

Denuncian los gays de Euskadi que el Gobierno ha hecho una reforma de la ley de Peligrosidad Social a un precio muy alto, porque, al mismo tiempo, ha reforzado el carácter represivo de ciertos artículos del Código Penal que se venían utilizando contra los homosexuales y, en concreto, el que se refiere al de escándalo público.

«No se puede tolerar que Martín Villa niegue la legalización de FAGC ateniéndose al artículo 431 del Código Penal. Es inconcebible que este señor considere que los fines de los gays catalanes, como asociación, van a ser los de cometer actos susceptibles de ser considerados escándalo público.»

EHGAM opina que el Gobierno pretende, con estas medidas, encerrar a los homosexuales en ghettos muy delimitados. «No se permite que la intimidad o afectividad de los gays tenga una expresión pública. Se reconoce, sí, la homosexualidad, pero aislada, en grupos cerrados, en bares comercializados.»

Aunque los portavoces de EHGAM declararon a El País que la mayor parte de sus miembros están fichados por la policía, reconocen, sin embargo, que de momento no tienen problemas en el País Vasco y que a la mayor parte de los compañeros a los que inicialmente se les aplicó la ley de Peligrosidad Social se les ha sobreseído la causa. «Pero nosotros no queremos vivir encerrados en nuestros ghettos, no queremos escondernos, queremos tener el derecho a mostrarnos en la calle tal cual somos y no temer a que nuestras muestras de afectividad sigan siendo consideradas como escándalo público.»

En este sentido, EHGAM ha enviado recientemente una carta a los partidos políticos de izquierda para que, de cara a las elecciones, traten de asumir en sus programas algunas de sus reivindicaciones. Recientemente, sus dirigentes se entrevistaron con el presidente del Consejo General Vasco para pedirle apoyo al movimiento gay. Su actividad se completa con frecuentes charlas en barrios y pueblos. Edita EHGAM una revista mensual, Gay Hotsa (Voz Gay) y frecuentemente organiza «actos de convivencia y encuentro» entre homosexuales del País Vasco, tratando de sacar del anonimato, de su aislamiento, a gays que, por miedo a la represión, vergüenza o problemas del entorno, no han asumido su condición.

[NOTA: En todo el reportaje, las siglas de EHGAM aparecen como EGHAM]

> Erreportajea: Borroka > CONSIDERACIONES DESDE EL FLHOC ANTE LA NEGATIVA DE LEGALIZACION DEL FAGC

• Reportaje: Madrid
• "Hay 600 homosexuales en las cárceles españolas"
• El País, 1979-02-11

Koldo Kollontai, seudónimo que utiliza uno de los dirigentes del Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC), realizó a El País las siguientes declaraciones, sobre la reciente prohibición del Ministerio del Interior.«La negativa fulminante de las autoridades competentes a la solicitud de legalización de los compañeros del FAGC no nos ha pillado por sorpresa en Madrid al FLHOC. Con la experiencia de la tolerancia política hace dos años (hacia los «partidos revolucionarios»), no puede sorprendernos lo que ocurre hoy con la tolerancia en el terreno social. Por si alguien no se acuerda, recordamos que siguen vigentes los artículos del Código Penal que condenan el «escándálo público» los «atentados a la moral y las buenas costumbres», la «corrupción de menores», la difusión de doctrinas que atenten a la moral pública, las manifestaciones, organizaciones o reuniones que cometan escándalo público o atenten a la moral. Lo que nadie dice es la moral de quién.»

«Recordamos que seiscientos homosexuales continúan en la cárcel y que el compañero Luis Yáñez, especialista en derecho penal, tiene, según informó en un acto celebrado recientemente en la Autónoma, un amplísimo dossier de juicios y condenas a homosexuales utilizando estos artículos que llega hasta el mismísimo 1978. ¿De qué hay que sorprenderse si sólo hace dos meses que fueron prohibidas al alimón por el Gobierno Civil de Madrid y la Dirección General de Juventud del Ministerio de Cultura las Fiestas de Liberación Sexual, que organizaba el FLHOC con el apoyo de una larga lista de partidos, juventudes, grupos feministas, artistas, intelectuales, poetas y demás famosos de la cultura? Las últimas detenciones a homosexuales de que tenemos noticia tuvieron lugar el 6 de febrero de 1979 en Madrid, en el marco de los entrenamientos antiterroristas que realiza la Policía Armada o Nacional. Si consideran que los maricas somos terroristas, ¿cómo no se va a prohibir la legalización de un frente de liberación homosexual?

Se prohíbe una organización que lucha por la libertad sexual y, en cambio, proliferan los bares, saunas, clubs, espectáculos, discotecas y demás centros gays, donde la carne se subasta públicamente y no hay lugar para amar libremente un cuerpo. Claro, es que eso trae grandes beneficios económicos, y la gente que lucha por la libertad sólo trae quebraderos de cabeza al poder. Y conste que somos partidarios de la libertad total.»

«El FLHOC no pidió su legalización, como tampoco la pidieron la Coordinadora de Collectius d'Alliberament Gai, ni otros grupos. No nos pusimos de acuerdo, pero la mayoría pensaba que había que renunciar a demasiadas cosas para que nos legalizaran, que en cualquier caso no iban a hacerlo si no había una fuerte presión social que les obligara a legalizarnos para evitar mayores complicaciones y que, dado el bajo nivel de conciencia por parte del movimiento obrero y popular sobre la lucha de los homosexuales, de lo que tienen gran responsabilidad sus partidos mayoritarios y menos mayoritarios, esa presión era difícil que se produjera. Pero había más: a lo mejor es que no había que pedir la legalización a ningún ministerio, sino a los homosexuales y lesbianas en general, a los currantes a las amas de casa, a las feministas, a las prostitutas y a los presos de Carabanchel. Es decir, no pedir la legalización a nadie: quienquiera que nos escuche y quien esté de acuerdo con lo que decimos, que nos apoye. Pero en cualquier caso exigimos el derecho a actuar legalmente, libremente, y nos solidarizamos plenamente con los compañeros catalanes del FAGC.»

> Berria: Politika > DISOLUCION DE LAS CORTES: PROYECTOS DE LEY DE CONTENIDO SOCIAL QUEDAN EN SUSPENSO

• Aplazado el debate del estatuto jurídico de RTVE
• Proyectos de ley de contenido social que quedan en suspenso
• El País, 1978-12-30

Con la disolución de las Cortes acordada ayer por el presidente Suárez se ha abierto. un período de interinidad en la labor parlamentaria que afecta a diversos proyectos de ley de carácter social que sufrirán una demora de prácticamente tres meses, hasta que entren en funcionamiento los nuevos parlamentarios. Entre ellos destaca el proyecto de ley de estatuto de régimen jurídico de Radiotelevisión Española, que pudo ser introducido ayer en las Cortes antes de su disolución. El proyecto de estatuto del Gobierno no es el primero que se presenta, puesto que el Partido Comunista de España (PCE) hizo lo mismo con su proyecto. Las diferencias básicas entre uno y otro radican, entre otros puntos, en la designación del director general de RTVE, que, según el presentado ayer por el Gobierno, será nombrado por él mismo, mientras que el del PCE propugna un nombramiento por decisión del Parlamento. También existen diferencias importantes en la aceptación de publicidad por parte de TVE y en la composición del consejo asesor. En el proyecto gubernamental predominan los miembros del consejo nombrado por el Gobierno sobre los procedentes del Parlamento; es decir, lo contrario que en la propuesta comunista.

El próximo 3 de enero, la Dirección General de Desarrollo Comunitario presentará a la opinión pública su proyecto de estatuto del menor, coincidiendo con el comienzo del Año Internacional del Niño., En el citado proyecto de estatuto que presentará el Gobierno, a propuesta del ministro de Cultura, se pretende potenciar los derechos del niño. Sin embargo, su discusión en las Cortes sufrirá el retraso correspondiente al disolverse las actuales Cortes.

La ley de Peligrosidad Social, sin duda una de las menos populares de cuantas conforman el actual sistema jurídico-legal, continuará en vigor hasta que no sea aprobada definitivamente la reforma del Código Penal vigente. Los proyectos gubernamentales recogen la propuesta socialista de derogar la citada ley de Peligrosidad Social o cuando menos modificarla sustancialmente para incluir algunos de sus delitos, o tipificados como tales, en el nuevo Código Penal con un tratamiento distinto al que se utiliza en la actualidad. Esta ley engloba una serie de comportamientos sociales -prostitución, homosexualidad, adicción a las drogas- de difícil valoración jurídica al estar íntimamente vinculados a la moral social y ésta a los distintos criterios que rigen una sociedad.

El Concordato entre España y la Santa Sede, pese a tener una cualificación jurídica superior a la de una ley -se le considera un tratado entre dos países-, sufrirá un retraso en los trámites ordinarios para su nueva redacción, puesto que las Cortes deberán ratificar el nuevo acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede.

En lo que se refiere al divorcio, al parecer, los principales partidos con representación parlamentaria tienen ultimados o muy adelantados una serie de proyectos de ley. La disolución de las Cortes retrasará notablemente la concreción práctica de los distintos proyectos de los partidos políticos.