- Recibimiento agridulce de la propuesta de ley por parte del movimiento trans
- La Ley de Transexualidad del PSOE no cubre todas las expectativas
- La nueva norma, pendiente de tramitación en el Senado, permite cambiar de sexo y nombre sin necesidad de cirugía, pero exige otros requisitos y excluye a menores de edad y a extranjeros.
- EHGAM-DOK, 2006-12-05 # Pedro Carmona
La falta de concordancia entre el género y el nombre legal produce a las personas transexuales innumerables problemas, entre los que destaca la dificultad de inserción laboral. El nuevo proyecto de ley permite solucionar muchos de estos obstáculos. Pero, pese a incidir en que la norma supone un avance, numerosas asociaciones transexuales destacan importantes carencias. La activista transexual Juana Ramos, pese a calificar la ley como “un paso importantísimo” denuncia en un comunicado que “conserva incomprensibles exclusiones por factores tan arbitrarios como la edad o el lugar de nacimiento”. Iván Garde, presidente de la Asociación Ilota Ledo de Nafarroa señala que “es positiva en general, pero es también sectaria y elitista”. Marina Sáenz, asesora jurídica del grupo vallisoletano Así Somos, declara: “La ley abre perspectivas de futuro, pero hay aspectos que han quedado en el camino. Nos hemos quedado con las ganas de que no se haya aprovechado del todo esta oportunidad”. Gina Serra, presidenta de la asociación catalana ATC-Llibertat, bromea: “La ley de transexualidad es buena, pero es mejorable, como el Estatut.” Existe una coincidencia más o menos generalizada entre buena parte de los activistas transexuales entrevistados por este periódico sobre cuáles son los aspectos más criticables de la norma recién tramitada en el Congreso: “No coincidimos con que aluda a la disforia, ni con que finalmente excluya a inmigrantes y menores de edad de los derechos que la ley reconoce” –explica Gina Serra.
Las diferentes valoraciones respecto al alcance de la reforma legislativa ya fueron visibles en la reunión entre la diputada del PSOE Carmen Montón y varios colectivos transexuales, celebrada poco antes de la presentación de la ley. Lizeathe Álvarez, una de las activistas participantes en dicha reunión en calidad de coordinadora del Área Transexual del Colectivo Gay de Madrid (COGAM), describe el encuentro como "un protocolo de presentación de decisiones ya tomadas". Según una activista que prefiere no dar su nombre, "la reunión se convocó de un día para otro entre semana, por lo que las asociaciones de fuera de Madrid, las más reivindicativas, no pudieron asistir. Sólo participaron activistas de las asociaciones afines al PSOE". En cambio, la mayoría de las activistas que negociaron con Montón valoran positivamente que “se nos ha escuchado e invitado a participar”. Marina Sáenz, que como jurista participó en el proceso de elaboración de la ley e inspiró las enmiendas de ERC e IU, intercede: "Esta vez se nos ha consultado, se nos ha recibido, en cierta medida se nos ha hecho caso. Como digo siempre, al elaborar una Ley de Caza, nunca les preguntan a las perdices. No hace tanto habría sido inaudito que yo, una activista transexual, hubiera negociado con los grupos parlamentarios, como ha ocurrido esta vez. Pero aún valorando esta vía de interlocución, no puede ocultarse que sólo hemos sido testigos del proceso, y no directoras del mismo como nos correspondía. Se le ha dado un papel más relevante a los médicos que a las personas transexuales. El PSOE puso un límite en el alcance de la ley y los colectivos transexuales afines al PSOE admitieron esos límites.
Tal vez pesó que en esta legislatura ya se habían aprobado demasiadas leyes avanzadas en lo social y esta no podía ser demasiado atrevida. En mi opinión personal, el PSOE aceleró la tramitación para que no coincidiera con fechas preelectorales y parte del movimiento transexual también se apresuró para evitar que se cumpliera la legislatura sin que hubiera ley. Nuestras propuestas tenían una justificación jurídica mucho más coherente, pero primaron los criterios políticos, que fueron los que finalmente se impusieron. IU, ERC y los partidos nacionalistas nos ayudaron mucho recogiendo en sus enmiendas nuestras demandas. Merece un reconocimiento especial Isaura Navarro, de IU, que mantuvo las enmiendas hasta el final." Miquel, del grupo Guerrilla Travolaca de Barcelona, recuerda que con anterioridad al trámite parlamentario se realizaron encuentros estatales donde había representación “del 90%” de las asociaciones transexuales, en los que se aprobaron unas reivindicaciones “de mínimos” las cuales, “a pesar de haber sido recogidas en las enmiendas de algunos grupos parlamentarios, han sido desestimadas por el PSOE y no se han incluido en el texto de la ley. En nuestra asociación hemos preferido no establecer ningún contacto con el proceso institucional, que lo vemos marcado por el politiqueo”.
Lizeathe Álvarez, que aclara que habla a título personal y no en representación de su asociación, es colombiana, y en tanto que tal, muestra su “desilusión y escepticismo” por la exclusión de las personas extranjeras en los beneficios de la nueva norma: “Me afecta personalmente. Cuando oí a la señora Montón decir que esta ley era algo así como la panacea, recordé los 80 folios que hay en nuestros archivos dedicados a personas transexuales extranjeras que han acudido a COGAM, sus problemas para encontrar trabajo que con esta ley se quedan sin solucionar... Recordé también todo el trabajo que hemos realizado para incluir la extranjería, presentando argumentos jurídicos de ampliación junto a SOS Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, informes de Amnistía Internacional, todos ellos más completos que los argumentos de la señora Montón. Ella sostenía que la ley no podía influir sobre aspectos internacionales, pero en nuestra opinión podría haber bastado un cambio de nombre y sexo en el Número de Identificación del Extranjero, documento valido sólo en el territorio español, lo cual, a pesar de lo que adujo el PSOE, no interferiría con las legislaciones extranjeras.” Marina Sáenz coincide: "Por miedo a la reacción de los gobiernos de otros países, las personas extranjeras no tienen los mismos derechos. No se trataba de cambiar sus leyes nacionales, tan sólo de recoger el cambio en el documento español." Iván Garde denuncia los efectos de esta exclusión: “Se deja fuera a los inmigrantes, que a veces han huido de la represión sexual de sus países de origen y que al llegar aquí sufren la doble discriminación de la transfobia y la xenofobia. Esta ley los condena a la marginalidad. La solución de cambiar el nombre en el documento español era fácil y no presentaba problemas. El PSOE ha puesto de excusa las leyes del país de origen del inmigrante, pero el motivo real es el miedo a que se les acuse de fomentar el efecto llamada.” Lizeathe Álvarez describe el único camino abierto que queda para las personas transexuales extranjeras: “Tienen que conseguir la nacionalidad española primero, y obtener luego los derechos que reconoce la ley. Pero es un trámite muy largo; quienes sólo tienen la residencia, aún cumpliendo todos los demás requisitos, dependen de ese factor, que es dificilísimo de conseguir”.
A pesar de sus críticas, Lizeathe Álvarez señala que la nueva norma “es positiva, es la respuesta a muchos años de reivindicaciones", y califica de "único caso en el mundo" que la cirugía genital no sea requisito para cambiar de nombre y sexo: “Eso supone una gran ventaja, sobre todo para personas que por motivos de salud no pueden pasar por un quirófano”. Sin embargo, aun reconociendo que la minoría de edad es “un tema muy delicado”, opina que “el menor debería aparecer en esta ley”. De forma más frontal, Iván Garde denuncia: “La ley excluye a los menores, que están especialmente desamparados, que no amenazan a la sociedad sino que por el contrario sufren agresiones y necesitan protección. A un menor, que sabe lo que es y sabe lo que quiere, se le obliga a esperar a cumplir los 18 años para vivir su identidad de género. La ley perpetúa el rechazo que sufren los menores transexuales en los centros educativos, donde aún tendrán que mantener legalmente nombres que les estigmatizan". Marina Sáenz expresa sentir “un dolor muy intenso” por el hecho de que los menores no se beneficien de la nueva norma y coincide con otros muchos activistas en señalar los graves prejuicios de dicha exclusión: “Con los conocimientos científicos actuales se sabe que es mejor iniciar el tratamiento hormonal antes de la pubertad, caso contrario la persona transexual desarrolla cambios biológicos del sexo no-deseado que provocan rechazo social y contra los que tendrá que luchar durante el resto de su vida.” Iván Garde añade: “Para eliminar esos cambios, una vez desarrollados durante la adolescencia, a veces se hace preciso acudir a procesos quirúrgicos caros y arriesgados. El tratamiento hormonal en la adolescencia no debería plantear un dilema, porque es reversible. La ley holandesa lo admite, pero la española lo dificulta.” Lizeathe Álvarez coincide: “Los tratamientos endocrinos suaves evitan la aparición de características secundarias del género no-deseado y por tanto han de iniciarse antes de la mayoría de edad”.
Marina Sáenz subraya que la ley “reduce el cambio legal de nombre a un mero trámite administrativo, un procedimiento sencillo y homogéneo que sustituye al largo y caro proceso vigente hasta ahora, sujeto a los criterios de cada juez o fiscal. No se requiere cirugía, el cambio se circunscribe a la esfera administrativa, garantiza el derecho a la intimidad y promueve la normalidad social de la transexualidad”. Pero para acceder a dicho trámite se exige un mínimo de dos años de tratamiento hormonal -"un plazo excesivo", afirman algunas activistas- y un diagnóstico psicológico: "Eso no es de recibo,"-comenta Iván Garde- "porque en vez de desmedicalizar la transexualidad, que es sólo una diferencia en la sexualidad, la consideran una disforia, un trastorno. Hubiera sido menos discriminatorio exigir un certificado psicológico que avalase que no padeces ninguna patología y que eres consciente y responsable en tu decisión de cambiar de sexo, tal como propuso nuestra asociación". Para Miquel, "la ley avanza un poco y mejora la situación anterior, pero es gravísimo que se nos siga considerando enfermos mentales y dependamos de una valoración psiquiátrica. Ese es el punto más grave y aún no se ha superado. Cambiarse de nombre es un trámite en el que un psiquiatra no tiene nada que ver, como si alguien que se llama Juan va al registro porque quiere empezar a llamarse Luis". Marina Sáenz coincide: " El requisito de diagnóstico de disforia de género ha terminado incluyéndose, contra nuestro punto de vista, en función del DMS-IV, un catálogo psiquiátrico que es muy discutido y está pendiente de una futura modificación.” En cambio, Carla Antonelli, activista transexual y afilada al PSOE, afirma que la mención a la disforia es necesaria: "El legislador necesita garantías y el diagnóstico psicológico evita la picaresca de que alguien quiera cambiar de sexo por motivos poco lícitos". Fuentes de ERC se muestran en desacuerdo: “La libertad de elegir sin condiciones un nombre propio de cualquier género es un derecho que podría haberse recogido en una ‘Ley de Identidad de Género’ que era el nombre original de la ley y que ha sido finalmente aprobada en el Congreso como ‘Ley Reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas’. El cambio de nombre indica el carácter restrictivo del texto resultante. El PSOE se ha cerrado en banda y no recogió nuestras enmiendas en temas como la integración social y laboral del colectivo transexual o la pedagogía social sobre transexualidad, además de lo relativo a inmigrantes y menores. La ley supone un gran avance, pero podría haber sido más ambiciosa.” Marina Sáenz reconoce que "la ley se ha quedado en una ley de procedimiento registral, que no es poco. Es una ley positiva. Su valor simbólico es enorme. El movimiento transexual de varios países europeos y latinoamericanos está pendiente de esta ley y va a presionar para que sus gobiernos aprueben normas similares. Pero muchas de las enmiendas propuestas por el movimiento transexual, a pesar de su justificación jurídica, fueron rechazadas por el PSOE. Se han quedado en el camino las medidas de discriminación positiva para la inserción laboral y contra la marginalidad, los aspectos educativos, la cobertura sanitaria de la reasignación de sexo y la propia filosofía inicial, que se basaba en la idea de ‘Identidad’, y hubiera sido mucho más amplia.”
“Las enmiendas que propusimos desde el movimiento transexual no se recogieron por acomodación política y para evitar el conflicto”, señala Lizeathe Álvarez.“El PSOE no recogió las propuestas del movimiento transexual por electoralismo y por miedo a la reacción de determinados sectores”, añade Iván Garde, que, como Marina Sáenz y otros activistas entrevistados, cree que “las enmiendas de IU y ERC en el Congreso eran más amplias, más cercanas a las propuestas del movimiento transexual.” Iván Garde ve difícil conseguir avances en el Senado, “pero nos queda la esperanza.” Otros muchos activistas transexuales son pesimistas respecto a que se reconsideren las enmiendas en los siguientes trámites previos a la aprobación definitiva de la ley. Fuentes de ERC confirman esta apreciación: “Las mayorías conservadoras del Senado no ampliarán las perspectivas, y previsiblemente rechazarán la ley; tampoco se mejorará la ley en su revisión posterior en el Congreso, por la propia naturaleza de la tramitación”.
La Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales (FELGT), de carácter oficialista, muestra entusiasmo: "Experimentamos una gran satisfacción. La ley no establece el requisito de esterilidad y soltería, presentes en otras legislaciones europeas. Además, quienes no puedan someterse a tratamiento hormonal por motivos de salud quedan exentos de ese requisito". Carla Antonelli añade otras muchas ventajas: “Es la ley más avanzada del mundo, por encima de la inglesa, que para admitir el cambio de sexo requiere del criterio de un equipo de control nombrado por el gobierno de turno, mientras que aquí sólo estás sujeta al informe de cualquier médico colegiado. En el extranjero ven esta ley con admiración. El cambio registral es gratuito, de pleno derecho y sin alterar los compromisos jurídicos individuales. La ley admite su aplicación retroactiva: quien tenga la documentación preparada no tendrá que esperar el plazo de los dos años requerido en la ley para hacer valer sus derechos. Y hay que subrayar que el que una ley sea retroactiva constituye algo excepcional. Estoy orgullosa de este Gobierno y de su Presidente.” Rebeca Rullán, presidenta de Transexualia, grupo adscrito a la FELGT, valora positivamente que "esta vez se ha negociado con el movimiento transexual: no se nos ha dejado al margen. El PSOE ha mejorado en relación a las propuestas que hizo en 1999. Es una de las leyes más progresistas de Europa y recoge nuestra reivindicación más importante: una rectificación registral sin obligación de cirugía: sólo se precisa de un tratamiento hormonal que ni siquiera es necesario para quienes demuestren tener problemas de salud y no puedan emprenderlo.” Según Rebeca, “el movimiento transexual en general comparte una buena opinión de le ley, aunque el proceso no estuvo exento de tensiones”. Al enumerar los aspectos que han quedado sin cubrir en la ley, Rebeca Rullán sólo señala que "el plazo de dos años que se requiere es superior al que hubiéramos deseado, y la ley no menciona la prestación sanitaria gratuita de reasignación de sexo".
Carla Antonelli reconoce que “hay temas pendientes, cierto. Pero seguiremos luchando, y conseguiremos más adelante las cosas que ahora no hemos conseguido, de la misma forma que sólo un año después de su aprobación, se ha modificado favorablemente la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo”. Lizeathe Álvarez expresa una opinión diferente: "Me dicen: 'Hay que seguir luchando, pronto conseguiremos incluir el tema de extranjería'. Yo no lo creo". Marina Sáenz explica la sensación agridulce que experimenta un amplio sector del movimiento transexual: “Las personas transexuales hemos sufrido tanto a lo largo de nuestra vida que no podemos ser comprensivas ante el hecho de que esta ley, a pesar de ser un gran avance, no haya puesto fin al sufrimiento de las personas transexuales más jóvenes que han de pasar por lo mismo por lo que pasamos nosotras”.
Agrios reproches
La ley que regula el cambio de sexo fue una promesa electoral que el PSOE olvidó cumplir una vez en el Gobierno, y que la FELGT eludió exigir, hasta el anuncio de huelga de hambre de Carla Antonelli, que fue de inmediato secundada por otros activistas [ver Diagonal nº 31 y 33]. Su movilización fue definitiva y algunas de las personas entrevistadas en este artículo le reconocen el gran mérito de forzar a su propio partido y a la FELGT a reconsiderar su postura. “Carla fue la artífice” –señala Gina Serra- “y el movimiento transexual la apoyó y consiguió llevar esto adelante.
La ley era una promesa electoral y hemos hecho que se cumpla”. Carla Antonelli prefiere extender el mérito a todo el colectivo transexual, “incluidas tantas personas transexuales que ya no están, que se suicidaron, que fueron asesinadas, que acabaron en la cárcel...” Gina Serra muestra su sorpresa ante el hecho de que “el PSOE se ha cerrado más de lo que yo esperaba”, aunque comparte en cierta forma el ‘miedo’ de dicho partido a la hora de limitar el alcance de la ley: “La ley tal como ha salido refleja el temor del PSOE a las reacciones hostiles de las familias, la Iglesia y el PP. Al final es para no perder votos. Siendo pragmática, yo también espero que no gane el PP. En el 2000 [con el PP en el Gobierno] pedimos mucho y no sacamos nada. La ley de ahora no nos gusta, pero es mejor que cero”. “Muchos activistas se acogen a lo que hay. Comparan con el gobierno anterior, que ni nos consideró, y piensan que éste al menos nos escucha. La gente está más o menos contenta. Al menos tienen algo” –añade Lizeathe Álvarez. Aún así, las heridas están abiertas: “La FELGT no nos ha apoyado. El PSOE ahora se quiere poner una medalla pero la verdad es que los grupos transexuales independientes no hemos sido escuchados.” –señala Iván Garde. “Hubo fisuras a lo largo del proceso, primero por la terminología empleada en la ley, y después por el rechazo del Gobierno del carácter integral de la ley, que iba a llamarse ‘Ley de Identidad’ y la convirtió en una materia meramente de registro. Alguien de ‘muy arriba’ [del PSOE o del Gobierno] decidió no ampliar la ley y un sector del movimiento de lesbianas, gays y transexuales obedeció. Y hubo división.”- añade Lizeathe Álvarez.
A diferencia del movimiento gay o lésbico, la mayoría de las asociaciones transexuales no están adscritas a la FELGT, a la que a menudo acusan de estar “demasiado ligada al PSOE”, en palabras de Gina Serra, quien añade: “Los grupos deberíamos ser independientes”. Lizeathe Álvarez matiza la posición de su propia asociación: “Recibí los mayores apoyos desde grupos de fuera de Madrid. COGAM fue también muy solidario conmigo, pero debe reflexionar y sopesar adónde dirige sus apoyos. Alguien de 'muy arriba' [del Gobierno] decidió no ampliar la ley y un sector del movimiento de lesbianas, gays y transexuales obedeció. Es contradictorio que un grupo apoye una ley que no recoge sus propias enmiendas. COGAM es un grupo de la FELGT, que está vinculada al PSOE, y se ve en la obligación de mostrar su apoyo a la ley. Yo no soy miembro de la Junta Directiva de mi asociación, soy de un escalafón más bajo, pero ¿quién mejor que yo, que soy colombiana, puedo hablar de cómo nos sentimos las personas transexuales extranjeras?” Según activistas transexuales que prefieren ser no identificadas, “es una pena que los grupos independientes, los que verdaderamente hemos luchado por una ley, no nos coordinemos más para exigir ser los únicos interlocutores sociales válidos”. Y añaden: “Por hacer un chiste fácil: en la reunión con Montón faltábamos un montón... de grupos: todos los grupos que se reunieron con la diputada eran del entorno del PSOE o de la FELGT, a la que hace tiempo que se le cayó la T. Ahora la FELGT intenta rentabilizar el mérito de que se haya aprobado esta ley, cuando a lo largo de 2006 ha obstaculizado nuestros derechos más de lo que los ha defendido. A la FELGT esta ley no le importaba en absoluto, eso se ha visto con total claridad”.
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