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• Acebes y el perfil delincuencial
• El País, Domingo gehigarria, 2003-10-05 # Soledad Gallego-Díaz

La declaración de Ángel Acebes sobre el caso King, el pasado jueves, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, provocó estupefacción entre algunos parlamentarios, que no esperaban un planteamiento tan extremo como el que hizo el ministro del Interior, con una extraña insistencia en "el perfil delincuencial verosímil" de Dolores Vázquez. Si los tribunales declaran finalmente su total inocencia es posible que el ministro tenga que volver al Parlamento para explicar por qué mantuvo la sombra de la sospecha hasta el último segundo sobre alguien que era inocente.

Acebes admitió genéricamente que había investigaciones que pueden resultar "incompletas, infructuosas o erróneas", pero a renglón seguido aclaró cuál era su opinión respecto a la investigación del asesinato de Rocío Wanninkhof: "Fue exhaustiva, profunda y lo suficientemente sólida". Una afirmación sorprendente si consta que el resultado de esa investigación fue tan erróneo que llevó a la cárcel a una persona inocente y, lo que es también importante, dejó sin vigilancia a un peligroso sospechoso.

Acebes propuso "potenciar la funcionalidad de las bases policiales de tratamiento automatizado de datos", a fin de permitir "la anotación de individuos de riesgo potencial, aunque estén cancelados sus antecedentes en España o fuera de ella, cuando menos respecto a tipologías delictivas tan odiosas como la de los agresores sexuales o en lo que se refiere a personas sospechosas de alto perfil, aunque la noticia que se tenga de su potencial amenaza no proceda de una investigación en marcha".

La propuesta sonó tan alejada del caso King que una diputada que es además abogada de reconocido prestigio, Margarita Uría, le contestó con firmeza: "Me da miedo lo que usted dice". Uría le pidió que huyera de complacencias y admitiera que algo tiene que poder corregirse en la actuación policial y fiscal para evitar calvarios como el de Dolores Vázquez.

Uría, como otros parlamentarios de la oposición, dejó claro que le preocupa que, al calor del caso King, el ministro del Interior, que no acepta responsabilidad alguna en lo ocurrido, aproveche para hablar de "personas sospechosas de alto perfil" (¿qué es eso?) o de "potencial amenaza aunque no proceda de una investigación en curso". Nada de eso tiene que ver con el caso King: la Interpol solicitó información y advirtió de que ese hombre era un "potencial peligro para las mujeres" precisamente como consecuencia de una investigación concreta en curso.

Otro escenario
Para constatar que el caso King no es un problema de nuevas leyes, sino de funcionamiento de mecanismos policiales, basta con cambiar algo los datos del escenario. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si el informe que Interpol envió sobre Tony King hubiera dicho que era "potencialmente peligroso para los intereses británicos en Málaga" y que se le investigaba por "el ataque con lesiones a un diplomático inglés en Londres"?

Según el ministro del Interior, la policía española hubiera comprobado que King "llevaba una vida normalizada en Mijas" y no hubiera podido registrar sus datos porque la ley impide registrar a personas sospechosas. Así que cuando a los pocos meses hubiera sido asesinado el cónsul en la zona, a la Guardia Civil no se le hubiera ocurrido siquiera interrogar a King.

Siempre siguiendo la línea argumental del ministro, la Guardia Civil hubiera actuado de una manera lógica y habría detenido a alguien con un "perfil delincuencial más verosímil". Quizá a un vecino saudí de talante frío, costumbres poco frecuentes y visitante habitual del fallecido. Nadie hubiera pensado en el perfil de King, ni en ese momento ni un año después cuando otro diplomático británico hubiera sido asesinado en la misma zona.

Y nadie, salvo que fuera un ser mezquino, capaz de aprovecharse del dolor ajeno, tendría derecho a considerar que algo había funcionado rematadamente mal:por ejemplo, la policía, por no seguir la pista del señor King; el fiscal de la Audiencia de Málaga, por haber acusado con pruebas tan endebles, y el sorprendente fiscal del Tribunal Supremo que se opuso a que ese tribunal anulara el juicio por falta de motivación en el veredicto.

Como a cualquier ciudadano le puede resultar increíble el escenario antes planteado (el posible agresor de diplomáticos ingleses al que no se le presta atención), empieza a asomar otra posibilidad: que el Ministerio del Interior tenga graves problemas a la hora de hacer frente a delitos que no sean los relacionados con el terrorismo nacional o internacional, únicos campos en los que ofrece un balance razonable de efectividad.