> Iritzia: Nación Gay > SEGUIMOS ESPERANDO

• Seguimos esperando
• Nación Gay, 2002-06-14 # Editorial

El Congreso de los Diputados ha sido testigo de un evento que celebra el XXV Aniversario de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura franquista. Han intervenido los cuatro presidentes del Gobierno y los cinco últimos presidentes de la Cámara baja. Todos los medios de comunicación han incluido en su programación espacios dedicados al recuerdo de aquellas fechas en las que dio comienzo la democracia española y volvíamos a las urnas tras 40 años marcados por un partido único. El año 1977 es clave en la historia contemporánea de nuestro país. Fue el 15 de junio cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones y las Cortes elegidas ese día empezaban a crear un texto constitucional. Los partidos censurados por el régimen anterior empezaban a ser legalizados y a finales de enero, la matanza de Atocha supuso un terrible impacto para el país, donde 9 personas fueron asesinadas en un despacho de abogados laboralistas de CCOO. Más de un millón de personas salieron a la calle para solidarizarse y seguidamente en abril del mismo año se legaliza el Partido Comunista. Al mes siguiente, Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Felipe. No cabe la menor duda de que esta época marcó una serie de cambios sustanciales en nuestras vidas, ¿pero ha cambiado algo desde entonces para gays, lesbianas y transexuales?

A lo largo de la dictadura franquista y durante los primeros años de la democracia, muchas personas eran perseguidas por motivos de orientación sexual. La ley de vagos y maleantes del año 1954 incluía a rufianes, vagos habituales, prostitutas, ebrios y gays (sector donde también se incluía a transexuales y travestidos). Todos ellos eran obligados a ingresar en centros especiales que garantizaban su "rehabilitación". Años más tarde, en 1970, la ley de peligrosidad y rehabilitación social sustituye a la de vagos y maleantes. En 1971 se instaura el Centro de Homosexuales de Huelva, donde los "invertidos" eran "reeducados". Durante los primeros años de la democracia, la Ley 16/1979 derogó todos los supuestos de peligrosidad social en relación a la orientación sexual. No se terminó completamente con esta injusta ley hasta la aprobación del Código Penal del año 1995. A pesar de todo, los gays que fueron encarcelados no se han beneficiado del indulto de 1975 ni de la amnistía de 1976 y no han percibido ninguna indemnización. En las fichas de antecedentes policiales, en poder de archivos judiciales y de la policía, la intimidad de estas personas se ha visto gravemente violada.

Bien es cierto que a lo largo de los 25 años de democracia en España, la situación de lesbianas y gays ha cambiado de forma paulatina en cuanto a visibilidad y aceptación social. Pero la homofobia continúa presente en nuestro país. Desgraciadamente todavía siguen apareciendo casos de agresiones motivadas por la orientación sexual. En relación a la legislación, ninguno de los gobiernos ha hecho demasiado (o casi nada) por lograr una equiparación que la Constitución recoge, pero que no se lleva a la práctica. Los fundamentos de la familia tradicional, inculcados por la iglesia católica, están suponiendo una fuerte barrera a la diversidad. El colectivo lésbico gay sigue siendo considerado en buena parte como un factor de segunda o tercera categoría. En la actualidad, al ejecutivo español no le es posible, en parte por ideales fuertemente conservadores y en parte por las presiones de la jerarquía eclesiástica y opusina, considerar a gays y lesbianas como una familia. Los derechos inherentes a la comunidad glbt no están equiparados a los que poseen los matrimonios heterosexuales.

El gobierno español está implantando leyes de parejas completas en muy pocos puntos de nuestro país, medidas edulcoradas en otros y nada en el resto de comunidades autónomas. La Constitución Española, defensora de conceptos como la "igualdad", es presentada por algunos grupos políticos “constitucionalistas”como un texto inamovible pero que evidentemente es imperfecto. La necesidad de crear una ley de parejas de hecho a nivel estatal y permitir el matrimonio civil para lesbianas y gays (lo que supondría cambiar solamente tres artículos del Código Civil) son hechos que se presentan cada vez más lejanos. Afortunadamente, los colectivos glbt españoles cuentan con el apoyo de los partidos políticos progresistas, plenamente concienciados con una problemática absolutamente relacionada con los Derechos Humanos. En cuanto al colectivo transexual, la marginación se acentúa de manera brutal. Las operaciones de cambio de sexo no están cubiertas por la seguridad social de nuestro país (excepto Andalucía, con largas listas de espera) y la Ley de Identidad Sexual está completamente paralizada por la derecha conservadora.

Toda esta realidad, a 25 años de las primeras elecciones democráticas, vuelve a demostrar una circunstancia cada vez más marcada y fehaciente: la sociedad se desvincula cada vez más de las leyes auspiciadas por el gobierno y camina muy por delante del mismo. Los gays, lesbianas y transexuales españoles ya hemos recorrido el camino para la libertad y la igualdad y sabemos perfectamente lo que nos corresponde por nuestra condición de seres humanos. Al final de ese sendero, seguiremos esperando a que llegue un gobierno que se haga cargo de concedernos los derechos que contiene la Constitución Española, las máximas que no han sido aplicadas, solo escritas por todos aquellos que un día visionaron un mundo democrático y un estado de derecho. Un espacio del que los gays, las lesbianas, y en mayor medida los transexuales, todavía no han sido partícipes.