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• El matrimonio entre homosexuales, reedición del problema del divorcio
• Ecclesia, 2005-12-31, 3290 zbk. # Pablo Martín de Santa Olalla Saludes · Doctor en Historia Contemporánea

Medio año después de la entrada en vigor de la posibilidad de matrimonios entre personas homosexuales el número de matrimonios efectuados es muy escaso. Si tenemos en cuenta las cifras manejadas por el colectivo homosexual, según el cual alrededor del 10% de los españoles comparten su condición, y pensando que España tiene una población de cuarenta y tres millones de personas, entonces podría acogerse a esta ley más de dos millones de parejas. Pero sólo se han casado algunas decenas, entonces nos damos de bruces con la realidad de que tan sólo el 0,0025% de los homosexuales querían esta ley que tanta polémica ha generado.

La conclusión a la que llegamos es que, o cambian mucho las cosas en los próximos meses (es decir, los homosexuales empiezan a casarse de manera masiva), o realmente esta supuesta exigencia de la comunidad «gay» no existía. Desconocemos los motivos por los cuales ellos no están queriendo hacer uso de esta ley, pero probablemente entre ellos esté la idea de que el matrimonio, aún cuando es una institución muy anterior a la Iglesia (ya en las sociedades primitivas se celebraban uniones conyugales), ésta siempre ha considerado dicha institución, cuando era celebrada entre cristianos, como algo «sagrado».

En realidad, para la Iglesia el matrimonio ha sido el punto de inicio de uno de sus valores fundamentales, que no es otro que la familia. De ahí que, cuando ésta supo que el Gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero estaba preparando un proyecto de ley que reconociera el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio civil, se movilizara de manera inmediata para impedir dicha aprobación.

• ¿Ejemplo similar reciente?

Todo lo sucedido en torno a este asunto nos ha hecho recordar otro hecho muy polémico del que ya han transcurrido casi veinticinco años pero cuyos ecos aún sigue resonantes: la aprobación de la ley civil del divorcio, en junio de 1981. Y decimos que vemos similitudes entre ambos casos porque los dos lograron provocar una gran contestación en el seno de la Iglesia y porque los resultados prácticos fueron en ambos casos prácticamente nulos. Si, como decimos, esta ley que regula el matrimonio entre parejas del mismo sexo sólo ha sido al día de hoy utilizada por ni siquiera el 0,1% de la población española, en su momento (seis primeros meses de desarrollo de la ley) las demandas de divorcio aumentaron en España tan sólo en treinta mil parejas, un 1% de lo que había previsto en ese momento el ministro de Justicia Fernández Ordóñez.

Mientras estuvo al frente del ministerio de Justicia (que era el que debía gestar el documento) Iñigo Cavero (abril de 1979-septiembre de 1980), las negociaciones entre la Iglesia y el Estado se desarrollaron sin problemas. Cavero pertenecía a la democracia cristiana y sus relaciones con la jerarquía eran, por tanto, muy fluidas. Además, el signo aperturista de la Conferencia Episcopal, garantizado por la persona de su presidente, el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, permitía que la distancia entre las posturas fuera lo menor posible. El resultado fue que, durante aquel escaso año y medio de conversaciones, se redactaría un proyecto de ley que, a través de elementos como la llamada «cláusula de dureza», hacía relativamente difícil conseguir la ruptura de la unión conyugal. Todo este proyecto se vino abajo debido no a una disputa entre la Iglesia y el Estado, sino a las pugnas internas dentro del partido gobernante, la Unión de Centro Democrático (UCD). La formación liderada por Suárez se desangraba por las constantes luchas internas.

Fernández Ordóñez decidió dar un vuelco total al proyecto y este pasó de obstaculizar abiertamente el divorcio a permitir la ruptura del vínculo conyugal de un modo relativamente fácil. El texto sería finalmente aprobado el 22 de junio de 1981 de una manera realmente insólita en la democracia española actual: con los votos de prácticamente toda la oposición y con la oposición de la mayoría del partido gobernante (a excepción de los socialdemócratas, que apoyaron a su líder, el propio Fernández Ordóñez) y de Alianza Popular. Sólo medio año después Fernández Ordóñez abandonaba el barco de la UCD junto con 16 diputados para fundar el Partido de Acción Democrática; tres años y medio más tarde, en julio de 1985, aparecería como el nuevo y flamante ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista liderado por Felipe González.

Parece difícil, a la luz de los divorcios que se produjeron en España y a la vista del rumbo posterior tomado por Fernández Ordóñez, no pensar que su famosa Ley del Divorcio fuera en realidad más una estrategia para provocar su marcha y fragmentar aún más la UCD, que un auténtico deseo de atender las demandas sociales. Así, la pregunta que nos hacemos respecto a la ley del matrimonio entre homosexuales, a la vista de su también escasa necesidad social, es la siguiente: ¿qué era lo que realmente pretendía el Gobierno con esta ley? El tiempo lo dirá, pero da la impresión de que una vez más se han vuelto a anteponer las estrategias políticas a los intereses de la ciudadanía.