- "Es prematuro hablar de derogación total de la ley de Peligrosidad Social"
- Declaraciones del subsecretario del Ministerio de Justicia, J. A. Ortega Díaz-Ambrona
- El País, 1978-02-16
«Es prematuro hablar de la derogación total de la ley de Peligrosidad Social», ha dicho el subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, en estas declaraciones a EL PAÍS. Lo que UCD piensa hacer es tratar de traspasar a las áreas asistenciales supuestos delictivos que ahora quedan bajo el marco de aquella ley. Por otro lado, el subsecretario de Justicia afirma que la reciente decisión parlamentaria sobre la petición de indulto general podría suponer una clarificación del tema de cara a los reclusos. En la conversación que ha mantenido con Juan Cruz Ruiz, el señor Ortega Díaz-Ambrona reconoce también que la situación financiera del Ministerio al que pertenece ha impedido una mejora de la situación carcelaria y, en general, de la normal administración de la justicia.
El subsecretario de Justicia, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, no sabe «cómo van a recibir los presos la decisión parlamentaria de desestimar la proposición de ley de indulto general. Al haber sido rechazada por una mayoría tan aplastante, tendrán conciencia de que el tema está zanjado y clarificado por el momento». La situación en las cárceles se va a resolver, dice el subsecretario, que reconoce las dificultades que tiene el Ministerio al que pertenece para aplicar medidas amplias y consideradas a largo plazo mientras se suceden los motines en las prisiones.
«En todo caso, van a adoptarse las medidas adecuadas. Nos enfrentamos a tesis contrapuestas. Hay sectores que ante los motines nos han acusado de seguir una política blanda y piden medidas drásticas para conseguir una aparente pacificación inmediata, que dejarían intacto el problema. Enfrente están los que propugnan el indulto total, que tampoco remediaría el problema, sino que lo trasladaría.»
Ante esas posturas, «el Ministerio ha preparado una serie de medidas legislativas y prelegislativas. Las inmediatas son los proyectos de revisión de las cuantías, en avanzado trámite en las Cortes, que acabarían posibilitando indultos parciales y aquellas de tipo estrictamente penitenciario como la reclasificación de la población reclusa, con posible impacto en las libertades condicionales».
En la nueva ley general penitenciaria, cuya última fase de estudios se está elaborando ahora y cuyo texto podría estar listo el 15 de mayo próximo, participan, «además de las autoridades del Ministerio de Justicia, todos los sectores implicados en el problema: expertos en leyes penales, ex presos, familiares de presos, etcétera. Se van a estudiar los edificios, los distintos cuerpos penitenciarios, la administración penitenciaria, el proceso que se sigue desde la prevención del delito hasta el tratamiento del delincuente y el tema poscarcelario».
Los grupos de trabajo que estudian esta nueva ley buscan aplicar un nuevo concepto de lo que es la pena, «que será vista no sólo como la expiación de la conducta delictiva, sino también como la reinserción del recluso en la sociedad».
La decisión parlamentaria de paralizar todas las esperanzas de indulto general le parecen razonables al subsecretario de Justicia. «La política sistemática de indultos generales es mala porque eso significaría que las leyes penales no son las adecuadas.»
La amnistía políticaUno de los casos más controvertidos de amnistía política de estos últimos meses ha sido el que tuvo como beneficiarios a los presuntos asesinos del empresario Bultó. «La amnistía política -comenta el subsecretario de Justicia- no era medida de justicia, sino de carácter político. Como tal era necesaria. En el proyecto que elaboró el Ministerio de Justicia se excluían de la amnistía los responsables de delitos de sangre. La que se aprobó al final fue resultado de las proposiciones de los distintos grupos parlamentarios.»
«En nuestro proyecto -declara el señor Ortega Díaz-Ambrona- se decía claramente que en los delitos en los que se apreciara ánimo de lucro no debía advertirse intencionalidad política. Pero se aprobó otra redacción que los tribunales han interpretado ligeramente.»
Las medidas que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha adoptado a raíz de los recientes conflictos carcelarios «se han tomado por razones de orden público y han consistido en primer lugar en el traslado de una serie de reclusos al penal de El Dueso. Asimismo, se han dictado unas circulares en las que se explican medidas de excepción contempladas en el reglamento vigente. Tales medidas se las explicaría mejor que yo el director general de Instituciones Penitenciarias, que es quien las administra».
La penuria del MinisterioEl tema de las cárceles es el más urgente, pero no el más grave, del Ministerio de Justicia, según el subsecretario. La organización de la justicia, con creación de nuevos juzgados, así como una nueva ley orgánica del poder judicial, son las cuestiones de fondo que estudia ahora este departamento ministerial. Para llevar a cabo esta reforma, dice el subsecretario de Justicia, «es preciso multiplicar los medios de que se dispone».
«Con respecto a los presupuestos generales del Estado, en los últimos cuarenta años no se ha pasado por encima del 3,6 %. Al revés: se ha ido en sentido decreciente, hasta 1977, en que se pasó del 1,8 % al 2,1 % de los presupuestos globales. Si la sociedad no toma conciencia de que necesita hacer un sacrificio mejor para dotar a la administración de justicia con los medios precisos, va a ser muy difícil poner en práctica la citada reforma. Sorprenden los calificativos laudatorios que merece la función judicial cuando se ve la falta de consecuencia remunerativa que tales calificativos tienen».
La penuria económica del Ministerio ha impedido una renovación de las condiciones carcelarias, dice el subsecretario de Justicia. «En el último plan de desarrollo había menos de cien millones de pesetas para invertir en las cárceles. En el plan del actual ministro se contemplan más de 10.000 millones.»
El poder judicial, tal como lo ve el Gobierno actual, se basaría en la idea de que se trata de un poder del Estado. Se potenciaría la función del juez como garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El ministerio fiscal también tendría funciones hasta ahora no ejercidas y la Administración dejará de ser reguladora de tales derechos. Según el proyecto de Constitución, «sólo habrá una jurisdicción, si se exceptúa la jurisdicción militar para tratar supuestos estrictamente castrenses».
Con respecto a una de las leyes cuya abolición se pide desde distintos sectores, el subsecretario del Ministerio de Justicia anuncia que el grupo parlamentario de UCD introducirá las enmiendas correspondientes a un proyecto de revisión de parte del articulado de la ley de Peligrosidad Social elaborado por el PSOE. De momento, el señor Ortega Díaz-Ambrona no considera oportuna la derogación total de esta ley. «Hasta que no se apruebe la Constitución parecería prematuro elaborar otra ley. Por otro lado, existe un clima de inquietud pública acerca de cuestiones de orden que desaconsejan ahora como medida oportuna la revisión de la citada legislación. Lo que quiere hacer el Ministerio es trasladar temas de toxicomanía, locura, etcétera, hacia el área asistencial y despojarlos del contenido penal que tienen ahora. También se trata de suprimir medidas predelictuales, que eran una especie de profecía sobre los individuos a los que se les creía posibles delincuentes.»
En el marco de la revisión del articulado del Código Penal se contemplaría la cuestión de las drogas blandas y de todo tipo de drogas, aunque el subsecretario de Justicia no especifica cómo el Gobierno de UCD va a contemplar la revisión penal en ese amplio sector.
En cuanto a la psicosis sobre orden público, el señor Ortega Díaz-Ambrona señala que «hay sectores interesados en alimentar tal psicosis, sobre todo si al hacerla pública se reitera que la culpa es de la democracia».
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