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• Otro «burka» occidental: mujeres invisibles
• Gara, 2006-11-21 # Toñi Villén Ruiz · En nombre del Equipo de Mujer de Amnistía Internacional

La pobreza tiene rostro de mujer y las víctimas de una de las violaciones de derechos humanos más grave, extendida, oculta e impune de cuantas existen en la actualidad, también: Golpes, palizas, amenazas, insultos, humillaciones, intimidaciones, violaciones, despersonalización. Millones de mujeres sufren esta violencia a lo largo y ancho del planeta en sus propias casas, en su «hogar».

Mientras tanto, ciudadanía, estados e instituciones religiosas miran para otro lado y escogen las víctimas que son de su interés, dejando de lado a las mujeres. Actualmente en el Estado español, hay quienes además de sufrir violencia no tienen más opción que permanecer en la invisibilidad, porque la ley no les protege. Son las mujeres migrantes en situación irregular.

Mujeres que, en palabras de Isabel Holgado, afrontan la migración abandonando su mundo; generan estrategias para escabullirse de discriminaciones y restricciones de diferente signo, resistiendo ante la exclusión y la violencia de género; emprenden una búsqueda consciente de autonomía y desarrollo personal; cruzan mares y fronteras terrestres enfrentándose a múltiples riesgos; asumen la responsabilidad familiar; y en definitiva, van construyéndose a sí mismas, desde la libertad y la posibilidad de futuro.

Pero estas mujeres, al llegar al Estado español se encuentran con leyes restrictivas que empujan a muchas de ellas a la exclusión social. Una vez en esta situación, aumenta la precariedad económica a la vez que la dependencia y vulnerabilidad ante posibles abusos. Mujeres migrantes de los países empobrecidos ven cómo se consolida y normaliza la exclusión del ejercicio de sus derechos humanos, laborales, sociales y políticos «en la tierra prometida».

La triple condición de «mujeres, migrantes e indocumentadas» hace que para ellas sea aún más difícil escapar a las espirales de violencia de género en la familia. Su condición de «irre- gularidad», por un lado, les hace objeto de medidas restrictivas con impacto en sus oportunidades de acceso a protección, ya que el Estado español ha subordinado los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia a sus políticas de control migratorio. Y por otro, al carecer de permiso de trabajo, estas mujeres viven situaciones de fuerte dependencia económica del agresor. Esto les sitúa en la invisibilidad, la desprotección y la vulnerabilidad. Por ello, Amnistía Internacional vuelca su atención hacia ellas, denunciando la gravísima situación en la que se encuentran ante la violencia como consecuencia de unas leyes discriminatorias.

Es el caso de la Instrucción 14/2005 sobre actuación de dependencias policiales en relación con mu- jeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, que indica que una vez realizadas las actuaciones dirigidas a informar y atender a la víctima, averigüen la situación administrativa en la que se encuentra y, en caso de que su situación sea «irregular», inicien las actuaciones previstas en la propia Instrucción, que pueden derivar en una sanción administrativa o incluso la expulsión. Las únicas vías previstas para suspender el procedimiento de expulsión y para obtener un permiso de residencia por motivos excepcionales son interponer la denuncia y solicitar y obtener una orden de protección y, en este proceso, recibir una sentencia favorable, es decir condenatoria del agresor. Además tienen que sufrir dis- tinciones arbitrarias como la exclusión respecto al acceso a ayudas económicas, por carecer de permiso de residencia, y la denegación de acceso a un centro de acogida. En estas condiciones su indefensión es muy grande, por lo que la consecuencia es clara: la instrucción disuade a las mujeres de denunciar la situación de violencia que puedan estar sufriendo.

Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a que elimine los obstáculos que impiden a las inmigrantes indocumentadas contar con la plena protección de los derechos humanos ante la violencia de género. De forma concreta y entre otras observaciones, le ha pedido que retire la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la sustituya por otra en la que los agentes policiales tengan como obligación principal la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna en función de circunstancias como la situación administrativa de residencia.

Las dependencias policiales no deberían realizar actuaciones de control y sanción de las infracciones de la Ley de Extranjería cuando asistan a una víctima de violencia de género. El principio de no discriminación enunciado en la Ley Integral debe ser una realidad y todas las mujeres, con independencia de su situación administrativa, deben acceder a todos los recursos previstos para las víctimas. Amnistía Internacional también ha solicitado que en el desarrollo de la regulación concreta de las nuevas ayudas de la Ley Integral, contemple como colectivo beneficiario a las mujeres inmigrantes indocumentadas.

Asimismo, ha instado a los gobiernos autonómicos y locales, en el marco de sus competencias, a modificar la naturaleza jurídica de las ayudas económicas destinadas a las víctimas de violencia de género, de modo que se asegure que la sola condición de víctima en situación de dependencia económica, motiva el reconocimiento del derecho a recibir una ayuda. Además pide que se elimine cualquier normativa o práctica discriminatoria que impida el acceso a un centro o recurso especializado a una víctima, cualquiera que sea su situación administrativa.

La violencia contra la mujer es un problema que nos afecta a todas y todos. Por ello, no nos dirigimos sólo al Gobierno español sino que animamos a toda la sociedad, mujeres y hombres, a no guardar silencio ante la violencia hacia la mujer, a no ser cómplices, a no mirar hacia otro lado. Las mujeres inmigrantes pueden parecernos distantes. A pesar de estar muy, muy cerca vivimos en mundos separados. Nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestro ocio, rara vez interseccionaŠ Pero están aquí, con toda su riqueza cultural, fuerza y experiencias aún por compartir. Los derechos humanos no saben de culturas, ni fronteras, ni lenguas. Ellas, las más invisibles, esperan de nosotras y nosotros y sobre todo de los estados que no se los neguemos.